La directiva de la UE sobre debida diligencia y responsabilidad corporativa incluye un apoyo específico a las pymes

La Directiva sobre Diligencia Debida y Responsabilidad Corporativa entró en vigor el pasado mes de julio y los gobiernos tienen dos años para su transposición a la legislación nacional. Desde SMEunited y PIMEC realizamos acciones durante el procedimiento legislativo para conseguir un marco legislativo que afectara lo menos posible a las pymes. Aunque en un principio las empresas que formaban parte del ámbito de aplicación eran menos grandes, este se fue reduciendo y en su versión final se limitó a aquellas empresas de más de 1.000 trabajadores y 450 millones de euros facturación. La nueva legislación exigirá a estas compañías que adopten sistemas de monitorización basados en los riesgos de sus actividades para controlar, prevenir o reparar los impactos negativos de sus operaciones en los derechos humanos y el medio ambiente. Asimismo, también tendrán que adoptar e implementar un plan de transición para la mitigación del cambio climático en línea con los objetivos del Acuerdo sobre el clima de París. Si se identifica una infracción de estas obligaciones, las empresas tendrán que adoptar medidas para poner fin o minimizar los impactos adversos derivados de sus propias operaciones, las de sus filiales y las de los socios comerciales de su cadena de actividades. La legislación se aplicará de forma gradual:

• A partir del 26 de julio de 2027: en las empresas de más de 5.000 trabajadores y una facturación superior a los 1.500 millones de euros;
• A partir del 26 de julio de 2028: en las empresas de más de 3.000 trabajadores y una facturación superior a los 900 millones de euros;
• A partir del 26 de julio de 2029: en las empresas de más de 1.000 trabajadores y una facturación superior a los 450 millones de euros;

Protección para las pymes Aunque las pymes no están incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva, aquellas pymes que formen parte de la cadena de actividades de las grandes empresas podrían verse indirectamente obligadas a cumplir con los requisitos de la directiva y es por ello por lo que, gracias a las peticiones de SMEunited y PIMEC, se ha incluido un soporte específico a las pymes. En concreto, en caso de que las grandes empresas quieran poner fin a una relación comercial con una pyme alegando el incumplimiento de las obligaciones en diligencia debida, solo podrán finalizar la relación “como último recurso”, y siempre y cuando no cause un daño desproporcionado a la pyme en relación con los derechos humanos o los impactos ambientales que se abordan. La directiva también anima (pero no exige) a las empresas a ofrecer apoyo financiero y refuerzo de capacidad adicional, tales como formación o préstamos a bajo interés, para apoyar a las pymes que cumplan con las obligaciones de diligencia debida. Con ello, se pretende compartir los costes y requisitos de la nueva legislación de forma más justa, evitando que las grandes empresas trasladen las cargas a la cadena de suministro y protegiendo a las pymes y a los pequeños productores. Desde PIMEC estaremos atentos a la aplicación de estas medidas de protección y exigiremos que se incentive la responsabilidad corporativa de las grandes empresas hacia las pymes que forman parte de su cadena de actividades. Asimismo, velaremos porque, a la hora de transponer la directiva, se prevenga la necesidad de ofrecer información y apoyo a las pymes, tal y como prevé la directiva europea. Para más información: rsolanes@pimec.org