PIMEC Turismo reclama que la reglamentación turística incorpore los principios de proporcionalidad y

En los últimos años, desde PIMEC Turismo hemos elaborado varios informes centrados en la repercusión económica que los costes de cumplimiento de la normativa tienen en las empresas del sector, en especial en las de menor dimensión. Las principales conclusiones de estos informes apuntan las siguientes ideas:Los costes vinculados a las certificaciones y verificaciones relacionados con el cumplimiento de la normativa y con la adaptación a las nuevas exigencias del mercado, suponen una pérdida de productividad para el sector. Esta pérdida no es homogénea para el conjunto de Catalunya. También se observan diferencias territoriales en función del hotel más habitual de cada provincia. Así, en Lleida y Girona los gastos totales que suponen estos costes sobre los ingresos de explotación pueden representar tres veces más que la media catalana.Existe una relación inversa entre el tamaño hotelero en número de habitaciones y el coste unitario por habitación, periódico y no periódico, y obligatorio y voluntario.Una normativa que permita ajustar estos costes al volumen de facturación de los establecimientos puede producir un efecto simultáneo de reducción de precios, aumento de productividad, incrementos salariales y mejora del margen de explotación. Estas ganancias, además de mejorar la posición competitiva del conjunto de la economía catalana, permitirían al sector hotelero asumir las inversiones necesarias para ofrecer más y mejor servicio y poder afrontar el reto de la aparición de nuevos competidores.En el mismo sentido, ya la Comisión de las Comunidades Europeas, en su recomendación Small Business Act–COM (2008) 394 final–, concretamente en su principio III, solicitaba que:“La UE y los Estados miembros deben elaborar normas conforme al principio de «pensar primero a pequeña escala», teniendo en cuenta las características de las pymes al elaborar la legislación, y simplificar el actual marco regulador”. Y lo argumentaba de esta forma: “Las pymes soportan una carga reglamentaria y administrativa desproporcionada con respecto a las empresas de mayor dimensión. Se calcula que, por cada euro gastado por empleado en una gran empresaen virtud de una obligación reglamentaria, una pequeña empresa podría tener que gastar, de promedio, hasta diez euros”. Por todo ello, PIMEC Turismo reclama que la reglamentación turística incorpore los principios de proporcionalidad y capacidad en relación a los costes normativos, y que simplifique y abarate los procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normativa. Más información:pimecturisme@pimec.org