Barcelona, 7 de julio del 2015. PIMEC ha reunido en diferentes encuentros a las asociaciones y a los gremios socios de la patronal más representativos en la contratación pública para comentar, estudiar y valorar el anteproyecto de ley de contratos del sector público que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha presentado en exposición pública. En concreto, las entidades que han participado en los debates son la Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES), la Asociación Catalana de Empresas de Limpieza (ASCEN), la Asociación Catalana de Empresas Constructoras de Obra Pública (constCAT), el Gremio de Áridos de Cataluña y la Asociación de Empresas de Ingeniería y Consultoría Independientes de Cataluña (ASINCA). Las entidades valoran positivamente el espíritu del anteproyecto de Ley, que transpone una directiva europea para fomentar la participación de las pymes en la contratación pública. Tal y como se reclama desde Europa con las Small Business Act, es necesario que la participación de las pymes en la contratación pública se aproxime en su función dentro de la economía, lo que hasta ahora no se ha producido. Pese a las buenas intenciones, las entidades reclaman la máxima concreción y ambición en el articulado de la ley, con el fin de evitar ambigüedades que acaben perjudicando a las pymes y provocando litigios en los tribunales. En primer lugar, el anteproyecto de Ley no acaba de consagrar la división de los contratos en lotes para favorecer a las pymes, y permite en cambio ofertas integradoras en diferentes servicios que requieren especialización, de modo que este tipo de ofertas no tendrán la calidad de los servicios licitados individualmente. Por otro lado, no especifica en qué casos los acuerdos marco son abusivos o restringen la competencia. Tampoco se establecen las reglas claras y estrictas de facturación, recepción de obras/servicios y pago a los proveedores por parte de las administraciones. No queda garantizado, pues, que se pague la obra o servicio al proveedor en los términos legales, ya que a menudo la administración rechaza la recepción o la facturación, una mala práctica que no elimina el anteproyecto de ley. Asimismo se continúa admitiendo la práctica del confirming, siempre que no sea “abusiva”; un concepto que no se define en ningún momento y que favorecerá la litigiosidad. A la vez, los subcontratados no quedan facultados para cobrar directamente de la administración cuando el contratista principal no les haya pagado. Este es un elemento clave que permite la Directiva europea y que los estados miembros con más incumplimientos, como España, deberían de aplicar. Otras cuestiones analizadas por las entidades y que no se recogen en el anteproyecto inciden en la posibilidad de que las empresas en concurso puedan seguir optando a contratos públicos o que se establezcan criterios de territorialidad y proximidad en los pliegues de los concursos para favorecer las pymes locales. En general, se reclama que la futura ley sea muy clara y concreta, con una aplicación transparente y sin dudas, que permita eliminar la importante litigiosidad entre administraciones públicas y contratistas de los últimos años. Experiencias como la Oficina de Supervisión y Evaluación de la Contratación Pública en la Generalitat de Catalunya pueden ser un buen referente a nivel español. PIMEC ha constatado en las últimas semanas importantes presiones por parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) encaminadas a restringir todavía más el alcance del anteproyecto de ley y eliminar las referencias y cláusulas favorables a las pymes. PIMEC lamenta esta actitud de la patronal española, que en principio debería de representar los intereses de todos los empresarios españoles, grandes y pequeños, pero que en este caso sólo parece defender las prerrogativas de unas pocas grandes empresas constructoras y de servicios.