Barcelona, 2 de junio de 2016. PIMEC Turisme reclama que se tengan en cuenta las principales demandas de los establecimientos de dimensión reducida  y que se aproveche el proceso de tramitación del reglamento de turismo de Cataluña que está llevando a cabo la dirección general de Turismo para incorporarlas. En este sentido, pide que la reglamentación que afecta a los establecimientos turísticos incorpore los principios de proporcionalidad y capacidad en relación a los costes normativos, y simplifique y abarate los procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normativaEfectivamente, en los últimos años desde PIMEC Turisme hemos elaborado varios informes centrados en la repercusión económica que los costes de cumplimiento de la normativa tienen en las empresas del sector y, sobre todo, en las de más pequeña dimensión. Las principales conclusiones de estos informes apuntan las siguientes ideas:Los costes vinculados a las certificaciones y verificaciones relacionados con el cumplimiento de la normativa y con la adaptación a las nuevas exigencias del mercado, suponen una pérdida de productividad para el sector. Esta pérdida no es homogénea para el conjunto de Cataluña. También se observan diferencias territoriales en función del hotel más habitual de cada provincia. Así, en Lleida y Girona los gastos totales que suponen estos costes sobre los ingresos de explotación pueden ser tres veces superiores que la media catalana.Hay una relación inversa entre el tamaño hotelero en número de habitaciones y el coste unitario por habitación, periódico y no periódico, y obligatorio y voluntario.Una normativa que permita ajustar estos costes al volumen de facturación de los establecimientos puede producir un efecto simultáneo en la reducción de precios, el aumento de productividad, los incrementos salariales y una mejora del margen de explotación. Estas ganancias, además de mejorar la posición competitiva del conjunto de la economía catalana, permitirían al sector hotelero asumir las inversiones necesarias para ofrecer más y mejor servicio y poder afrontar el reto de la aparición de nuevos competidores.En el mismo sentido, la Comisión de las Comunidades Europeas, en su recomendación Small Business Act –CÓMO (2008) 394 final-, al principio III, ya pedía que: La UE y los Estados miembros tienen que elaborar normas conforme al principio de «pensar primero a pequeña escala», teniendo en cuenta las características de las pymes a la hora de elaborar la legislación, y simplificar el actual marco regulador. Y lo argumentaba de este modo:Las pymes soportan una carga reglamentaria y administrativa desproporcionada respecto a las empresas de dimensión más grande. Se calcula que, por cada euro gastado por empleado en una empresa grande en virtud de una obligación reglamentaria, una pequeña empresa podría tener que gastar, de media, hasta diez euros.