PIMEC pide al Gobierno central no traspasar el problema del déficit a las empresas

Barcelona, 28 de julio de 2016. Ante el anuncio del Ministerio de Economía, de establecer un tipo mínimo en los pagos por anticipado del Impuesto sobre sociedades (IS), PIMEC considera que el incremento de la presión fiscal no es una medida para reducir el déficit y que, además, generará tensiones de tesorería en las empresas, afectará su gestión financiera y, también, añadirá complejidad al cálculo del pago por anticipado.En este contexto, la patronal, que valora positivamente la decisión de Bruselas de no multar a España pero que alerta que es un aviso, pide al Gobierno central una reflexión y medidas concretas para corregir el déficit, con políticas de contención del gasto público y no traspasando el problema a las empresas. PIMEC no entiende que se hagan anuncios de este tipo al mismo tiempo que se está incrementando el gasto en otros ámbitos como, por ejemplo, la función pública (más contratación de funcionarios, aumento del salario y regreso de la paga extra).Si la medida se lleva a cabo, habrá un impacto negativo sobre la liquidez de las empresas que se vean afectadas por el pago mínimo. Los pagos por anticipado pueden ser superiores al importe a ingresar por el Impuesto anual y, por lo tanto, se tendrá que pedir la devolución. En este sentido, hay que tener en cuenta que la devolución de un pago por anticipado hecho en el mes de abril del año 2017 no se recuperaría hasta al menos el mes de enero del año 2019. Por otro lado, si la medida se establece de forma estable y perdura en el tiempo, se trataría de un incremento impositivo, puesto que la Administración dispondría de unos pagos adicionales repetidamente.PIMEC entiende que este hecho no ayuda al funcionamiento normal de la actividad económica. Los incrementos fiscales, también los temporales, sobre la actividad productiva penalizan la recuperación económica y, por lo tanto, son una mala solución a los problemas de recaudación de la Administración, y que cualquier medida tendría que ser clara y tener en cuenta la capacidad de los contribuyentes para asumirla. Es decir, las medidas que permitan poner fin al fraude y la ingeniería fiscal de las grandes empresas pueden ser un elemento positivo para acabar con la competencia desleal de estas prácticas sobre las pymes, pero un incremento generalizado de la presión fiscal no haría más que penalizar las empresas que ya cumplen con sus obligaciones.