Barcelona, 17 de septiembre de 2015. PIMEC ha participado hoy en la Asamblea Abierta organizada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) que se ha celebrado para acordar, entre las más de 100 asociaciones empresariales asistentes, emprender diferentes acciones para que el Gobierno central cumpla con los compromisos adquiridos en materia de impagos a proveedores por parte del sector privado. Para el presidente de la PMcM y secretario general de PIMEC, Antoni Cañete, “el éxito de la convocatoria pone de manifiesto la necesidad imperiosa de acabar, de una vez por todas, con esta lacra que disminuye la competitividad de nuestras empresas y que desde el inicio de la crisis ha provocado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido; solo con nuestra unión podremos cambiar esta injusta situación y demostrar que los empresarios no estamos dispuestos a que los intereses de unos cuantos nos perjudiquen a todos”. El centenar de asociaciones presentes en la Asamblea han acordado, una vez finalizado el periodo de diálogo, propuestas y reuniones, elaborar un documento formal mediante el cual se informará de manera personalizada a cada empresa morosa del IBEX sobre sus pagos a proveedores que superen los términos de pago legales. Estos informes relativos a las empresas del IBEX se trasladarán al Gobierno central, y si este no emprende medidas reales e inmediatas que frenen los términos abusivos de algunas de las grandes compañías, los documentos se remitirán a la Unión Europea para su conocimiento. Las iniciativas acordadas pretenden dar salida a las demandas históricas de PIMEC y la PMcM en el ámbito de los límites de pago. Entre otras, destacan la creación de un régimen sancionador que penalice a las empresas morosas, la agilización de la recuperación del IVA no cobrado y la puesta en marcha de un sistema que detecte automáticamente las empresas morosas. “De llevarse a cabo estas medidas sin duda se reduciría la morosidad”, asegura Cañete. Según los últimos datos recogidos por la PMcM, durante el primer semestre del año el 74% de los proveedores firmaron contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían límites superiores a los 60 días que establece la Ley 15/2010.