La morosidad de las empresas del IBEX sigue empeorando, con más de 57.800 millones de euros y 187 dí

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha realizado, un año más, un exhaustivo y detallado análisis de los balances del sector no financiero del IBEX 35 y el resto del mercado continuo a partir de los datos publicados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En líneas generales, las conclusiones de PMcM apuntan a que las empresas cotizadas pagaron en 2014 a sus proveedores en plazos superiores a los permitidos por el apartado 3 del artículo 4 de Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en virtud de la reforma introducida por la Ley 15/2010, de Lucha contra la Morosidad. La revisión de la PMcM detecta que las compañías del selectivo liquidaron sus facturas en un periodo medio superior a los 187 días, más del triple del plazo permitido (60 días). Los balances de la CNMV ponen de manifiesto que la morosidad de las compañías del selectivo alcanza los 57.824 millones de euros. En 2014 se apreció un ligero empeoramiento del 3% en el plazo medio de pago de las empresas no financieras del IBEX, que aumentaron en cinco días el tiempo de liquidaciones respecto al mismo periodo de 2013 y pasaron de 182 en 2013 a los 187 el año pasado. “Esta situación habría mejorado de haberse acometido las medidas que hemos venido proponiendo desde la PMcM como, por ejemplo, la implantación de un régimen sancionador, pero no ha sido así”, manifiesta el presidente de la PMcM y secretario general de PIMEC, Antoni Cañete. En lo que se refiere a la morosidad por parte de la Administración Pública, la PMcM ha querido realizar una valoración del Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que actualmente está en periodo de consulta. Al respecto, Antoni Cañete señala que “no se establecen medidas para asegurar que el dinero llegue al último eslabón, por ejemplo, haciendo que los pagos a los subcontratistas sean directos, tal y como permite la Directiva 2014/24/UE. Es más, esto se impide expresamente en el anteproyecto”.  “Tampoco se asegura en todos los casos que haya un control de los plazos de pago a las subcontratas por parte de la Administración contratante, y se mantienen las ambivalencias que permiten un alargamiento de los plazos en función del medio de pago de que se trate. Del mismo modo, no se aprovecha la ocasión para asegurar que el plazo de aprobación de certificaciones quede estrictamente limitado a 30 días”, afirma. Asimismo, la PMcM ha manifestado su malestar ante la presión que está ejerciendo la CEOE para que las pymes no puedan mejorar su acceso a la contratación pública, y el hecho de que CEPYME guarde silencio. “Esta entidad debería defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas ante la CEOE y combatir el abuso de las grandes compañías con el fin de mejorar la competitividad y viabilidad de nuestro tejido empresarial”. Morosidad de compañías cotizadas por sectores económicos Los principales sectores de actividad de las compañías cotizadas (IBEX y el resto del mercado continuo) presentan una evolución dispar en cuanto a plazos medios de pago, aunque sus tiempos de liquidación siguen estando fuera de los límites que marca la Ley. En 2014, el plazo medio de pago de las sociedades cotizadas no financieras fue de 193 días, lo que ha supuesto un incremento del 1% sobre el plazo de 2013, que fue de 191. Los dos sectores que aumentaron sus tiempos de liquidación fueron comercio y servicios, con el 8%, y construcción e inmobiliario, con el 2%. Por su parte, los sectores de industria y energía registraron una mejora en los plazos del -7% y el-4% respectivamente.  Los datos analizados revelan que el sector de la construcción e inmobiliario se mantiene como el que registra una mayor demora en la liquidación de sus facturas. Sus plazos medios de pago llegaron a los 300 días en 2014, frente a los 292 de 2013. En este sentido, la PMcM advierte que “estas cifras se refieren a todas las líneas de negocio que poseen las constructoras, en las que están aplicando las mismas prácticas abusivas”. Se trata del aprovisionamiento a las administraciones públicas de servicios de tratamiento y recogida de residuos y de conservación y mantenimiento de infraestructuras, entre otros. Al sector de la construcción le sigue de cerca comercio y servicios, con 290 días, 22 más que en 2013; la industria, con 221, 16 menos; y energía, con 103, 4 días menos. Estas cifras de pago a proveedores contrastan con las correspondientes a los cobros que estas mismas empresas realizan a sus respectivos clientes. En el caso de las empresas no financieras del IBEX, se trata de periodos notablemente más reducidos: 84 días, un 7% mayor si se comparan con los plazos de cobro de 2013 (79 días). Por sectores de las empresas cotizadas (selectivo y el resto del mercado continuo), construcción e inmobiliario repite como ámbito económico que presenta unos periodos de cobro más largos. En 2014, las empresas de este ámbito cobraron sus facturas en 137 días, seis más que en 2013 (5%). El plazo medio de cobro de las compañías industriales del IBEX alcanzó los 104 días, seguido del de servicio y comercio (78) y energía (62). El presidente de la PMcM y secretario general de PIMEC, Antoni Cañete, ha reiterado que “estos datos evidencian que algunas de estas grandes compañías se financian, en cierta manera, a costa de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y autónomos. Vulneran la ley haciendo uso de su posición de dominio, ycon elloprovocan que nuestras empresas y autónomos pasen por una situación de desigualdad e inferioridad y, al mismo tiempo, que sean menos viables y competitivas que las empresas de los países de nuestro entorno. Solo con un régimen sancionador erradicaremos esta lacra”. Ahorro financiero, intereses de demora y facturas que exceden los plazos legales El análisis de la PMcM concluye que el alargamiento de los plazos medios de pago ha supuesto también un aumento del importe total de las facturas que se liquidan por encima de los límites de la Ley. En 2014, los balances de la CNMV ponen de manifiesto que las empresas del selectivo tenían en cartera más de 57.824 millones de euros sobrepasando los 60 días legales. Esta situación representaría unos supuestos intereses de demora de 1.640 millones de euros y un ahorro financiero que asciende a 1.194 millones de euros.  Si se tienen también en cuenta los datos agregados del resto del mercado continuo, el importe de las facturas en cartera por encima de los plazos que marca la ley es de 66.680 millones de euros, mientras que los intereses de demora alcanzarían los 1.985 millones.