La banca tendrá que avisar también a los autónomos, y no solo a las pymes, con al menos tres meses de antelación si se produce un eventual recorte en su financiación de un 35 % o más, según han acordado la mayoría de grupos parlamentarios. A principios de octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobó un texto según el cual la banca informaría a las pymes ante un posible recorte de crédito para que estas empresas pudieran buscar vías alternativas de financiación, un aviso que ahora se hace extensivo a los autónomos. Esta decisión se ha tomado durante el debate en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados que ha servido para aprobar con competencia legislativa plena el proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial. Además, tanto pymes como autónomos podrán obtener de su entidad crediticia, en un plazo de diez días, información sobre su posición financiera, historial de pagos, extracto y cualificación crediticia. También se incluirá, gracias a una enmienda aprobada, una relación de los contratos de seguros vinculados al flujo de financiación. La información será gratuita siempre que a la empresa en cuestión se le haya negado financiación, por lo que sólo tendrá un coste si la petición del historial surge a iniciativa de la propia pyme o del autónomo. Pero no se acaban ahí las novedades de este proyecto de ley, ya que también se definen los tipos de inversores –institucionales o minoristas– para proyectos de micromecenazgo o «»crowdfunding»». Este proyecto de ley incorpora medidas relevantes alternativas a la financiación bancaria y distingue entre inversores –minoristas e institucionales– en proyectos de mecenazgo. El importe máximo de captación de fondos por proyecto de financiación participativa a través de cada una de las plataformas no podrá ser superior a los dos millones, aunque cuando los proyectos se dirijan exclusivamente a inversores cualificados podrá alcanzar los cinco millones. Sin embargo, algunos grupos parlamentarios piensan que la ley pone demasiadas limitaciones a esta vía de financiación, si bien se apunta que la norma no es restrictiva sino que es prudente. En este sentido, los diputados destacan que España es de los primeros países del mundo que legislan un fenómeno tan nuevo como la financiación alternativa a través de una plataforma de Internet y, dentro de la prudencia, defienden que no se pueda incluir como garantía la vivienda habitual del inversor. Por último, en cuanto a la protección de los clientes de entidades, los diputados también han acordado que el Gobierno evaluará las modificaciones legislativas necesarias para mejorar el actual sistema institucional de protección y las alternativas para potenciar la eficacia de los servicios de reclamaciones, defensores de los clientes y servicios de atención. Información elaborada a partir de una noticia aparecida en el diario EXPANSIÓN Para más información: DEPARTAMENTO DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y FINANCIACIÓN Sra. María Josep Contreras Teléfono: 93 496 45 00 o mcontreras@pimec.org