InformeMINHAP: Facturas electrónicas presentadas a las AA.PP. a través de FACe

Solo en los seis primeros meses del año, se han registrado 3.738.782 facturas, una cifra muy superior a las 2.318.136 del primer semestre de 2015, un 61,3% másPIMEC y la PMcM pide la extensión de la utilización de la facturación electrónica a todos los ámbitos, incluido el privado, y a todas las administraciones sin excepción (debiendo derogarse toda posibilidad de exención). Así se fomentaría la productividad y competitividad de las empresas, puesto que se reduciría la morosidad debido a mayor control que se podría ejercer“Lo idóneo sería que en una primera fase las compañías del IBEX35 estuvieran obligadas a recibir las facturas en formato electrónico a través de FACe y, seguidamente, lo hicieran el resto de empresasMadrid, 12 de julio de 2016.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha analizado los datos que el MINHAP ha publicado hoy sobre las facturas electrónicas presentadas a las Administraciones Públicas a través de FACe.Desde el 15 de enero de 2015 (fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica a las AA.PP.), FACe ha recibido 9.750.595 millones de facturas electrónicas por un valor de 49.567.490.619 millones de euros.El presidente de la PMcM, Antoni Cañete,ha valorado“muy positivamente el primer añoy medio desde la entrada en vigor de la ley 25/2013 de factura electrónica y registro contable de facturas”, y ha manifestado que, “una vez más, las empresas han demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios”.Solo en los seis primeros meses del año, se han registrado 3.738.782facturas, una cifra muy superior a las 2.318.136del primer semestre de2015, un 61,3% más. Si comparamos únicamente el dato de junio de este año respecto al de 2015, “el aumento es claro: 668.405 facturas frente a 580.946 del año pasado. En este sentido,Cañete asegura que “es una realidad que el sistema se afianza, y más sabiendo que el número de facturas electrónicas sigue subiendo pese al parón de las compras públicas en 2016 por la interinidad del Gobierno”. Evolución mensual de facturas electrónicas presentadas a través de FACe alas AA.PP. primer semestre 2015/2016 *Nota: Origen de los datos: Indicadores DataOBSAE – Dirección de Tecnologías de la Información y lasComunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  En su opinión, la exclusión de la obligación de presentar las facturas en formato electrónico a la que muchas Administraciones han considerado oportuno acogerse de forma reglamentaria, “tiene menos sentido cada mes que pasa, puesto que las empresas ya se han ido adaptando al formato electrónico y, sobre todo, porque han constatado que las facturas electrónicas registradas a través de los puntos generales de entrada han reducido los plazos en el pago de las mismas. Es importante recordar a los empresarios que acogerse a esta opción es un derecho, no una obligación. La recomendación de la PMcM es 100% factura electrónica”.Sin embargo, para la PMcM este incremento de las facturas electrónicas es “insuficiente” y ha animado a fomentar el uso de facturación electrónica porque “están en juego la productividad y competitividad de nuestras empresas”.Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, el sistema de facturación electrónica debería hacerse extensivoa todas las administraciones sin excepción (debiendo derogarse toda posibilidad de exención), y también al sector privado. De esta manera, “se reduciría la morosidad debido al mayor control que se podría ejercer”.“Sin duda, el uso de la factura electrónica en el sector privado, pero sobre todo del registro contable de las mismas en registros contables como FACe, reduciría de forma importante la morosidad en el sector privado, siempre que se apliquen de forma severa las normativas sobre los periodos establecidos para el pago de las facturas”, asegura Cañete.“Lo idóneo sería que en una primera fase las empresas del IBEX35 estuvieran obligadas a recibir las facturas en formato electrónico a través de FACe. Seguidamente se podría implantar en el resto de empresas, lo cual sería mucho más sencillo. No obstante, el mismo efecto podría conseguirse poniendo en marcha el llamado Observatorio de la Morosidad, que tendría estas funciones de control y análisis, entre otras”.Facturas electrónicas presentadas a través de FACe a las AA.PP. Total acumulado a 30 de junio de 2016 *Nota: Origen de los datos: Indicadores DataOBSAE – Dirección de Tecnologías de la Información y lasComunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  Las Entidades Locales acaparan la mitad de las facturas electrónicasDel total de facturas electrónicas emitidas desde el 15 de enero de 2015, la mitad (47,8%) se dirigieron a Entidades Locales adheridas al sistema; a la Administración Autonómica, un 40,1%; a la General del Estado, el 9,9%;a Universidades 2%; y a otras instituciones un 0,2%.En lo que se refiere al importe acumulado de las facturas, en este caso el mayor porcentaje lo acapara la Administración Autonómica (39,1%), seguida de la Local (33,8%), la General del Estado (24,8%), Universidades (2%), y otras instituciones (0,3%).Gracias a este sistema, el Gobierno puede seguir de cerca la situación real de los plazos de pago de cada AA.PP. y tomar las medidas que estime oportunas para reducir la morosidad.Así lo hizo recientemente con Aragón y Extremadura, a las que comunicó el inicio del procedimiento para la retención de los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores.El pasado 13 de junio se comunicó también a la Comunidad Valenciana el inicio de la adopción de las medidas automáticas de corrección que estipula el artículo 20.5 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha reiterado que “este tipo de medidas son necesarias si se quiere combatir con celeridad la morosidad de las AA.PP.”Pendientes del fallo de la UE ante la devolución de los intereses de demoraLa PMcM confía en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reflexione sobre la naturaleza ‘voluntaria’ de la renuncia a los intereses (que argumentaba en sus conclusiones la abogada general) y dicte sentencia declarando su ilegalidad, para que los proveedores puedan recuperar los 3.000 millones de euros a los que renunciaron. La Directiva Europea señala explícitamente que es abusiva la cláusula de renuncia a los intereses de demora”.Para Cañete, “no es comprensible que los ciudadanos y empresas tengamos que pagar intereses cuando liquidamos nuestros impuestos fuera de plazo, y que no ocurra lo mismo con las AA.PP. Lo justo sería que estas pagaran de oficio los intereses de demora”. También ha animado a los proveedores reclamar formalmente los intereses de demora para que, si la sentencia fuera favorable, pudieran recuperarlos al haber interrumpido su prescripción a tiempo. “En nuestra página web encontrarán gratuitamente un formulario con el Modelo de Reclamación y la calculadora de los intereses de demora”, añade.