Ante las elecciones generales que se celebrarán el próximo 20 de diciembre, PIMEC pide a las diferentes formaciones políticas que incorporen en sus programas electorales un conjunto de actuaciones que deberían ser prioritarias para el nuevo gobierno. La patronal propone que se arbitren las actuaciones normativas y operativas que permitan conseguir algunos objetivos críticos para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas: Adoptar una fiscalidad específica ajustada a la capacidad de las pymes, dado que el sistema tributario actual está básicamente pensado para las grandes empresas y grupos empresariales. Armonizar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, actualmente entre las más altas de Europa, con las vigentes en la mayoría de países avanzados, como vía de mejora de la competitividad del sistema productivo y del empleo en un país con unos niveles de desempleo extraordinariamente elevados. Aumentar la calidad del capital humano productivo, como recurso para ganar competitividad, lo que implica la actuación en diferentes frentes como el impulso a la FP, la exigencia de formarse a las personas que reciben prestación de desempleo, la formación continua, entre otros. Establecer un pacto de Estado en materia de educación, que desemboque en leyes estables a medio y largo plazo, que sean fruto del consenso, lejos de los tacticismos partidistas que se producen en cada contienda electoral. Abordar seriamente la planificación energética, definiendo un marco regulador estable y evitando la discriminación que representa que las empresas con consumos más bajos salgan perjudicadas, más ahora cuando se penaliza el autoconsumo con unos gravámenes inéditos en Europa. Acercar la universidad y la empresa, mucho más orientadas al mercado y la innovación, como vía para aprovechar mejor los recursos científicos del país y aumentar la competitividad del sistema productivo. En materia de morosidad, asegurar el cumplimiento real de la ley, como vía para operar con un sistema de transacciones serio y financieramente respetuoso. Aplicar criterios socioeconómicos en la inversión en infraestructuras, como vía para resolver el problema crónico en España de decidir con criterios exclusivamente políticos, con el desprecio que ello representa para los millones de personas que pagan impuestos. Impulsar la reindustrialización del sistema productivo, como vía para regenerar y diversificar una economía volcada excesivamente a los servicios, y sentarla sobre unas bases con un alto poder de arrastre sobre otras actividades productivas, sobre la I+D+i, la internacionalización, el estímulo del consumo, la empleabilidad de un capital humano cada vez más formado, etcétera. Avanzar en la flexiseguridad y en la seguridad jurídica en materia de aplicación de la legislación laboral. Mejorar la gestión de la compra pública facilitando la contratación por lotes pequeños y exigiendo al contratado que respete la ley de pagos con sus subcontratados. Facilitar segundas oportunidades a los empresarios que, habiendo actuado de buena fe, han visto fracasar su empresa. Todos los acreedores (también los de derecho público y aquellos con garantía real) deben quedar incluidos en la negociación de la deuda. Y siguiendo a la Comisión Europea, tras una declaración de insolvencia es necesario condonar totalmente la deuda en el plazo máximo de 3 años. Asimismo, la patronal quiere poner de relieve los incumplimientos de promesas electorales del partido en el gobierno. Entre los problemas que quedan pendientes destacan: Fiscalidad: se ha eliminado la aplicación del tipo del 20% en el impuesto sobre sociedades y las pymes continúan pagando tipos efectivos mucho más altos que las grandes empresas. Por su parte, la reforma que introdujo el IVA de caja ha sido mal diseñada y no ha dado los resultados que se esperaban. Energía: no se han impulsado las energías renovables y no se ha avanzado ni en la liberalización ni en el reforzamiento de la competencia ni en la supervisión del sector. Las pymes pagan la electricidad más cara de Europa y sigue habiendo deficiencias en el funcionamiento del mercado. Infraestructuras: se han aplicado criterios eminentemente políticos, como lo muestra la insistencia en invertir muchos recursos públicos en un AVE deficitario y carente de justificación económica, mientras que se han retrasado infraestructuras productivas como el Corredor Mediterráneo. Administración Pública: se ha avanzado poco en la simplificación y en la reducción de los trámites burocráticos, y la contratación pública sigue discriminando a la pyme, en particular por una mala gestión de las compras por lotes pequeños. Morosidad: se mantienen los incumplimientos en los plazos de pago, especialmente por parte de las administraciones públicas y de las grandes empresas, y sigue sin regularse el régimen sancionador para los que incumplen.