La patronal valora muy negativamente que esta medida se haya decidido fuera de la concertación, y reclama la presencia con voz propia de las mipymesExige que el Gobierno español dote los recursos para garantizar el equilibrio en los contratos y políticas públicas que quedarán afectados por este incremento Barcelona, 12 de enero de 2024. Ante el anuncio del Gobierno español en relación con la subida del 5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), PIMEC considera que el Ejecutivo continúa sin aplicar la Ley, teniendo en cuenta que esta medida se tiene que implementar teniendo en cuenta diferentes variables económicas como el peso de las rentas del trabajo, la situación actual de la economía y la productividad.Por otro lado, PIMEC considera que hay que tener en cuenta que se ha incrementado el SMI un 54,28% desde el año 2018, y que se ha situado como uno de los más altos en la Unión Europea (UE). En este sentido, continúa reclamando que los salarios y sus incrementos se fijen considerando la productividad, recordando que no se ha recuperado en los términos esperados y que seguimos estando a la cola de la UE.PIMEC subraya la importancia de aplicar estas decisiones dentro del marco del Diálogo Social y la concertación, y considera muy negativo que esta decisión se haya tomado fuera de este ámbito, a la vez que reclama la presencia de las mipymes con voz propia en el Diálogo Social estatal. La patronal recuerda su posición constante a favor del mejor salario mínimo posible, siempre que esto no afecte a la competitividad de las empresas ni a la creación de ocupación, o comporte la pérdida de puestos de trabajo.Además, PIMEC exige al Gobierno español que dote los recursos para garantizar el equilibrio en los contratos públicos, ajustándolos a las nuevas demandas salariales, puesto que el incremento del SMI tendrá efectos en las empresas y entidades contratistas de las administraciones, así como en las políticas públicas. Así mismo, considera que el Gobierno tendría que incrementar el SMI garantizando que lo aplicará a las políticas y al gasto que de él dependen. En este contexto, la patronal destaca la necesidad de que las empresas puedan trasladar estos incrementos de costes a sus contratos, sean públicos o privados, como también a las políticas públicas indexadas al SMI.