PIMEComerç expresa su rechazo a la decisión del Estado de llevar ante el Tribunal Constitucional la
08/11/2017

PIMEComerç expresa su rechazo a la decisión del Estado de llevar ante el Tribunal Constitucional la

La patronal considera que la Ley aprobada por el Parlamento tiene toda la legitimidad y es la que más encaja con el modelo de comercio catalán
Barcelona, 6 de noviembre de 2017.- PIMEComerç quiere expresar su rotundo desacuerdo con el hecho de que el Gobierno español haya aprobado recurrir al Tribunal Constitucional la Ley de Comercio, Servicios y Ferias aprobada por el Parlamento catalán el pasado 1 de agosto. El Gobierno lleva al TC siete artículos del texto legal que, según el presidente de PIMEComerç, Àlex Goñi, “son totalmente legítimos y defendibles, se adaptan al modelo de comercio catalán, que vela por el equilibrio en la oferta comercial, y contaban con nuestro apoyo como representantes del comercio de proximidad de Catalunya”. Los artículos que se recurren y que se pide que sean suspendidos (8.3, 20.6, 36.2.b), 37.1.j) y k), 37.2, 38.5 y .6, 69, 72.1.b y la disposición transitoria primera de la Ley) afectan a cuestiones como la lengua (la normativa recogía la obligatoriedad que los trabajadores del sector estuviesen en condiciones de atender e los clientes en cualquiera de las lenguas oficiales en Catalunya); los horarios comerciales (que en el caso de Catalunya quedaba limitado a un máximo de 75 horas semanales); los períodos recomendados de rebajas; la determinación de municipio turístico; o el régimen de infracciones y sanciones. El Gobierno español afirma que los artículos recurridos vulneran el orden constitucional en cuestiones como el uso de la lengua; también creen que vulnera la “Ley de Horarios Comerciales” y que incumple la “Ley de Ordenación del Comercio Minorista” respecto a las promociones comerciales. PIMEComerç, que alentó la inclusión a la ley de varias medidas (por ejemplo, respecto a la regulación de la venta por internet, la promoción del comercio rural o la economía circular) considera, en palabras de su presidente, que “la paralización de la Ley es un nuevo golpe desde el Estado al normal desarrollo de la actividad comercial en Catalunya, que tendrá consecuencias negativas para el sector”.
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