PIMEC pide un verdadero plan de acción para luchar contra el absentismo laboral

Barcelona, 18 de febrero de 2020. Ante la previsión de que el Consejo de Ministros apruebe hoy la derogación del apartado “d)” del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, PIMEC quiere poner de manifiesto que nunca ha sido la voluntad de los empresarios despedir a trabajadores por el hecho de estar enfermos y que lo que regula este apartado es el mecanismo de despido por “faltas de asistencia al trabajo”, no necesariamente por dolencia. La entidad recuerda que la aplicación de esta medida supone gastos elevados para las empresas, motivo por el que no se puede pensar que se aplica indiscriminadamente. Concretamente, comporta un coste directo (el de la indemnización por despido) y unos costes indirectos (los de selección de la nueva persona, formación y pérdida de productividad hasta que no se incorpore al puesto de trabajo el nuevo candidato).Así mismo, recuerda que el Tribunal Constitucional, en octubre de 2019, interpretó que en las propias limitaciones del artículo para poder proceder al despido, que son numerosas, se encuentra el equilibrio entre la protección a la salud (art.43.1 de la Constitución Española) y el de la libertad de empresa (art.38 de la Constitución Española). Así mismo, el propio Tribunal de Justicia de la Unió Europea ya indicó que es conforme a la normativa europea. PIMEC pide a los poderes públicos un verdadero plan de acción para luchar contra el absentismo fraudulento, que está causando graves problemas en la productividad y los costes extras que supone. De hecho, los costes derivados de la incapacidad temporal (IT) han aumentado un 8,37% en el último año y supone en la actualidad un coste total en Cataluña de unos 1.171 millones de euros, y se eleva a unos 6.721 millones de euros en el conjunto del Estado español.En el ámbito territorial, el coste total anual por provincias en materia de IT se sitúa en 867,2 millones de euros en la demarcación de Barcelona, 120,3 millones de euros en la de Girona, 67,05 millones de euros en la de Lleida y 116,22 millones de euros en la de Tarragona.