PIMEC celebra el compromiso de los grupos políticos para poner en marcha el régimen sancionador

· El presidente de PIMEC, Josep González, presente hoy en la cumbre, solicita que “no se hagan trampas en el redactado”, ya que el régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento de los plazos de pago que marca la ley · El compromiso también contempla que en la Ley de Contratos del Sector Público no exista acuerdo entre las partes en relación cliente-proveedor y que se aprueben enmiendas que PIMEC, la PMcM y CEAC presentaron a los diferentes grupos parlamentarios Madrid, 20 de abril de 2017. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), de la cual PIMEC forma parte, ha conseguido hoy, en el marco de su IV Cumbre Político-Empresarial celebrada en Madrid, un gran pacto con los partidos y grupos del arco parlamentario para poner en marcha el régimen sancionador. Josep González, presidente de PIMEC, presente en la cumbre, ha celebrado este compromiso, pero pide que “no se hagan trampas en el redactado”, ya que el régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecidos por la Ley de lucha contra la morosidad. La patronal siempre ha defendido que con las sanciones se evitarían muchos malos hábitos de pago que existen actualmente, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos. La cumbre ha contado con la participación de los presidentes de Podemos, Pablo Iglesias, y de Ciudadanos, Albert Rivera, además de más de una decena de portavoces económicos de todos los grupos parlamentarios. Todos han coincidido que es necesario un consenso unánime para instaurar un régimen sancionador con el cual empezar a multar a las empresas que no paguen a sus proveedores en los plazos establecidos por la Ley, una propuesta que todos ellos ya incluyeron en sus programas electorales y que se erige como una de las reivindicaciones clave de PIMEC y la PMcM.  Antoni Cañete, presidente de la PMcM y secretario general de PIMEC, ha celebrado el éxito de la cumbre, señalando que “ha sido un escenario perfecto para el debate y los compromisos con la sociedad civil”, después que el Congreso de los Diputados aprobase, con el voto favorable del 99% de la Cámara, una Proposición No de Ley para la implantación de un régimen sancionador contra la morosidad. El texto también contemplaba que la nueva Ley de Contratos del Sector Público exija en las licitaciones públicas a los grandes contratistas una certificación auditada que demuestre que paguen a las empresas subcontratadas de acuerdo con la Ley (máximo 60 días). Precisamente esta Ley, que se está tramitando actualmente, ha sido un tema clave en la cumbre de hoy, donde se ha llegado al compromiso de que no exista acuerdo de las partes en la relación cliente-proveedor, tal como solicitó PIMEC, la PMcM y la CEAC en sus enmiendas.