PIMEC alerta que la lentitud en la implementación de medidas financieras puede provocar la quiebra d

Barcelona, 18 de marzo de 2020. Después de analizar el Real decreto ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus aprobado ayer en Consejo de Ministros, PIMEC valora positivamente que se tomen medidas de volumen y de gran importancia pero alerta que es del todo urgente su implementación. En el ámbito financiero, PIMEC considera proporcionada la cifra de 100.000 millones de euros para la creación de una línea de avales y garantías públicas, así como los 2.000 millones de euros para empresas exportadoras. Ahora bien, la patronal alerta que el acceso a la financiación tendría que ser inmediato y sobre todo hay que facilitar y agilizar su tramitación para evitar la quiebra de muchas empresas, especialmente micro y autónomos, serias dificultades a muchas empresas que podrían poner en riesgo puestos de trabajo. En este sentido, la entidad considera urgente la definición por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y del ICO de los procedimientos y de la estructura de los préstamos (periodo, carencia, tipo…), a pesar de que aconseja a las empresas que empiecen a definir el importe que le haría falta y que lo empiece a plantear a las entidades financieras habituales. Por otro lado, PIMEC cree que hay medidas que se podrían implementar y que supondrían no tener que poner en marcha más medidas financieras. En este sentido, la entidad pide el pago inmediato de las facturas pendientes de las administraciones públicas excedidas del plazo legal establecido; que las administraciones públicas paguen las deudas pendientes excedidas de plazo que, en el caso de Cataluña supondría una inyección de unos 2900 millones de euros. PIMEC también pide otras medidas de apoyo a pymes y autónomos como la exoneración de cuotas a la seguridad social o el aplazamiento del pago del IVA y otros tributos. Medidas laborales En el ámbito laboral, respecto a la adaptación o la reducción de la jornada laboral de los trabajadores para hacer frente a la necesidad de conciliar, PIMEC considera que aquellas empresas que han podido aplicar medidas de conciliación han hecho un esfuerzo los últimos días para adaptarse a las necesidades de sus trabajadores en lo posible. En este sentido, la entidad considera que el grado de decisión que se deja a la persona trabajadora en cuanto a la adaptación de la jornada puede provocar una distorsión que coartará la potestad organizativa de las empresas, más necesaria ahora que nunca dadas las excepcionales circunstancias. La patronal señala que la poca claridad en cuanto a la definición de la fuerza mayor puede derivar en una interpretación restrictiva, perjudicando a pymes y autónomos especialmente. Es imprescindible tener seguridad jurídica y garantizar la aplicación de exoneración de cuotas a la seguridad social para los proveedores de empresas que hayan aplicado un ERTE de fuerza mayor. En cuanto a la sujeción de la aplicación de las medidas extraordinarias en el ámbito laboral al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante seis meses a partir de la fecha de reinicio de la actividad, supone imponer a las empresas una condición de imposible cumplimiento ante una situación como la actual de incertidumbre total con relación a los mecanismos que las mismas se pueden ver obligadas a aplicar en un futuro. Respecto a la obligación de pacto con los sindicatos más representativos en caso de no existir representación legal de las personas trabajadoras, para los ERTEs que no sean de fuerza mayor, PIMEC considera que en una situación tan excepcional como la actual puede provocar, casi con total seguridad, un colapso que provoque el atraso del cobro del paro de las personas trabajadoras. A tener en cuenta que la mayoría de microempresas y autónomos no tienen representación de los trabajadores. En cuanto al colectivo de autónomos, Autónomos PIMEC considera que la flexibilización del acceso al cese de actividad para poder cobrar con rapidez una prestación era necesaria pero echa de menos todavía otras medidas de apoyo para este colectivo, especialmente vulnerable en estos momentos de crisis. El RDL también contempla la posible suspensión automática de los contratos públicos afectados por el coronavirus. Según dice el texto, los contratistas podrán solicitar indemnizaciones en determinadas circunstancias pero no dice nada que esta indemnización tenga que ser transferida a los subcontratistas, siendo estos principalmente pymes y autónomos.